Maule: Contraloría detecta viviendas fiscales asignadas a funcionarios con propiedades
- Miércoles 28 de octubre de 2026
- 10:36 hrs
Imagen de referencia.
Una auditoría de Contraloría a Bienes Nacionales constató que funcionarios usaban viviendas del Estado teniendo propiedades particulares en la misma zona. El informe detectó además deudas de servicios por $45 millones, ocupaciones irregulares y casas sin recepción municipal.
La Contraloría Regional del Maule observó 14 casos de funcionarios de ocho servicios públicos que mantenían asignadas viviendas fiscales, pese a que ellos o sus cónyuges figuraban como propietarios de inmuebles particulares en la misma localidad.
El hallazgo forma parte del Informe Final de Investigación Especial N.º 393, del 10 de septiembre de 2026, que examinó 150 viviendas fiscales destinadas a funcionarios públicos de la región. El organismo ordenó iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas por esta y otras irregularidades.
Los casos observados por propiedades particulares
La investigación identificó a 11 funcionarios con vivienda fiscal asignada que figuraban como propietarios de inmuebles particulares en la misma localidad. Otros tres casos correspondían a propiedades de sus cónyuges.
Entre los 11 primeros casos, seis propiedades tenían destino habitacional, cuatro figuraban con destino agrícola y una como sitio eriazo. De estas últimas cinco, Contraloría advirtió construcciones en tres terrenos mediante imágenes satelitales.
El informe consideró que las situaciones observadas contravenían el requisito que impide acceder al beneficio cuando el funcionario o su cónyuge tiene una vivienda en la localidad donde presta servicios. No obstante, ordenó acreditar la titularidad y verificar el destino habitacional de las propiedades, permitiendo aportar antecedentes sobre eventuales transferencias u otras circunstancias pertinentes.
La respuesta de Bienes Nacionales
En sus descargos, la Seremi de Bienes Nacionales señaló que entrega los inmuebles a organismos públicos y que estos determinan qué funcionarios los ocupan. También sostuvo que carece de acceso continuo y actualizado a la información patrimonial de trabajadores de otros servicios.
La repartición informó que había enviado oficios recordando las obligaciones legales y promoviendo la regularización de situaciones incompatibles con el beneficio.
Contraloría mantuvo la observación y recalcó que “la coordinación es un deber jurídico, y no una mera recomendación”. Por ello, exigió establecer mecanismos de coordinación para disponer de antecedentes actualizados y verificar el cumplimiento de los requisitos.
Viviendas abandonadas y ocupaciones irregulares
La auditoría también constató dos viviendas en estado de abandono, ubicadas en Molina y Talca, y tres inmuebles asignados a personas que ya no mantenían la calidad de funcionarios, con situaciones de ocupación irregular al momento de la fiscalización.
Asimismo, identificó 17 viviendas sin permisos de edificación y/o recepción municipal en Talca, Cauquenes, San Clemente, Linares y Pelluhue.
Otros nueve inmuebles eran utilizados para habitación de funcionarios, pese a que sus actos administrativos los destinaban o concesionaban para fines distintos.
Deudas detectadas y medidas ordenadas
El informe registró obligaciones vencidas por $45.715.530: $33.520.384 por derechos de aseo, $8.186.850 por agua potable y $4.008.296 por electricidad.
Los montos corresponden a antecedentes recopilados durante la investigación. En el caso del agua y la electricidad, la revisión consideró saldos al 5 de mayo de 2026. Además, Contraloría dio por subsanada la observación de aseo de uno de los inmuebles tras acreditarse su pago.
El organismo exigió regularizar las obligaciones pendientes y acreditar las acciones para recuperar o regularizar las ocupaciones, actualizar los catastros y fortalecer las fiscalizaciones.
También ordenó remitir el acto que dispusiera el procedimiento disciplinario dentro de 15 días hábiles desde la recepción del informe. Para diversas medidas correctivas fijó un plazo de 60 días hábiles desde esa misma recepción.
El documento establece hallazgos y acciones de seguimiento, pero no acredita por sí solo su cumplimiento posterior ni determina responsabilidades administrativas individuales definitivas.
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